La seguridad pública fue uno de los ejes centrales de la campaña presidencial de José Antonio Kast. Sin embargo, antes incluso de iniciar formalmente su gobierno, ya comienzan a evidenciarse tensiones políticas, dificultades de implementación y fracturas internas que ponen a prueba la coherencia y viabilidad de su propuesta en esta materia.
Lejos de tratarse de detalles menores, estos elementos anticipan un escenario complejo para la gobernabilidad en seguridad, un ámbito donde los errores de diseño político y las divisiones internas suelen traducirse rápidamente en problemas operativos sobre el territorio.
El corredor humanitario: una promesa que no se materializó
Uno de los anuncios más ambiciosos realizados tras la elección fue la intención de impulsar un corredor humanitario regional, orientado a enfrentar la crisis migratoria y sus efectos en la seguridad fronteriza. La idea buscaba coordinar esfuerzos con países vecinos para ordenar flujos, reducir la migración irregular y evitar que el crimen organizado siguiera explotando rutas informales.
No obstante, pese a las reuniones, declaraciones y expectativas generadas, el corredor humanitario no logró concretarse antes del inicio del gobierno. La falta de acuerdos formales y de un marco operativo claro dejó en evidencia una realidad conocida en materia de seguridad: los anuncios políticos, sin respaldo técnico ni consensos regionales sólidos, difícilmente se transforman en soluciones efectivas.
Desde una perspectiva de seguridad pública, esta indefinición no es inocua. Afecta la planificación policial, la coordinación interagencial y la capacidad del Estado para anticiparse a fenómenos complejos como el tráfico de personas, el contrabando y la expansión de organizaciones criminales transnacionales.
El Ministerio de Seguridad y la polémica por Carter
A estas dificultades se suma la controversia generada por la eventual designación de Rodolfo Carter como ministro de Seguridad. Aunque su nombre fue promovido como una señal de mano dura y experiencia en terreno, rápidamente se transformó en un factor de división dentro del propio sector que respalda al presidente electo.
Las críticas no han sido menores. Se ha cuestionado tanto el diseño institucional del Ministerio de Seguridad —al que algunos consideran carente de facultades reales— como la conveniencia política de la nominación. Incluso desde el propio entorno del eventual designado se ha deslizado que el cargo, tal como está concebido, no permitiría enfrentar con eficacia el crimen organizado ni los delitos complejos que afectan al país.
Este debate revela una tensión de fondo: la diferencia entre la expectativa política de control inmediato y la realidad institucional de un Estado que requiere reformas profundas, coordinación efectiva y capacidades reales para producir resultados sostenibles en seguridad.
El Partido Nacional Libertario y la fragilidad de la coalición
Otro elemento relevante ha sido la decisión del Partido Nacional Libertario de no integrarse al gobierno en su fase inicial. La colectividad, liderada por Johannes Kaiser, ha manifestado públicamente su distancia del proceso de conformación del gabinete y su negativa a asumir cargos en el Ejecutivo.
Más allá de las razones formales, este distanciamiento refleja una fragmentación política que complica la construcción de mayorías estables, especialmente en un tema tan sensible como la seguridad pública, donde se requieren acuerdos legislativos, respaldo político y coherencia estratégica para avanzar en reformas estructurales.
Cuando los aliados comienzan a restarse antes de que el gobierno inicie, la señal es clara: la gobernabilidad en seguridad no está garantizada y dependerá de una capacidad de conducción política que aún no se demuestra.
Otra cosa es con guitarra: seguridad más allá del discurso
En seguridad pública, la experiencia demuestra que gobernar es radicalmente distinto a prometer. La expresión popular “otra cosa es con guitarra” resume con precisión el escenario actual: las consignas de campaña enfrentan ahora la complejidad del Estado, las restricciones legales, la coordinación institucional y la necesidad de sostener políticamente las decisiones difíciles.
El riesgo es evidente. Sin una estrategia clara, sin equipos cohesionados y sin acuerdos amplios, la seguridad se transforma rápidamente en un flanco político y operativo. Y cuando eso ocurre, quienes pagan el costo no son los gobiernos, sino la ciudadanía.